Se acabó el sistema gratuito de justicia deportiva que hemos disfrutado en España los últimos 40 años tras la nueva ley pactada por PSOE y Podemos

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Desde que se instauró el entonces llamado Comité Superior de Disciplina Deportiva, hoy Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), tras la Ley del Deporte de 1980, en España los clubes y deportistas han sabido a qué instancia del Estado podían acudir, de forma gratuita y rápida, para defenderse de las decisiones de las federaciones deportivas que consideraron ilegales o contrarias a sus intereses.

Pues esto se va a acabar cuando entre en vigor el proyecto de nueva ley del deporte que aprobó el Gobierno de coalición apoyado por el PSOE y Unidas Podemos el pasado viernes.

El propio preámbulo del proyecto de Ley lo dice sin tapujos:

«Por otro lado, nos encontramos con el régimen disciplinario, derivado de la vulneración de las reglas del juego y la competición, que esencialmente se deja en manos de las federaciones deportivas y ligas profesionales dentro de su ámbito competencial; las cuales establecerán su propio sistema de infracciones, sanciones y forma de coerción de estas conductas, respetando los principios esenciales del procedimiento administrativo sancionador pero sin la intervención del poder público en instancia alguna, por lo que el Tribunal Administrativo del Deporte ya no conocerá en vía de recurso de las sanciones impuestas a miembros de estas entidades ni, lógicamente, el orden contencioso- administrativo. Por el contrario, las diferencias que se sustancien en este ámbito serán susceptibles de resolverse en la correspondiente jurisdicción civil, o mediante el sometimiento voluntario y previo a un sistema arbitral …»

Es decir, el Gobierno se quita de en medio. Tanto presumir de que su misión principal es apoyar al deportista y, cuando llega la hora de la verdad, decide eliminar un sistema público creado precisamente para resolver las situaciones más difíciles a las que puede enfrentarse un deportista: por ejemplo, una sanción grave de suspensión a un jugador, una expulsión de un club de una competición, etc…

En todos esos casos, el club o deportista afectado tendrá que gastarse el dinero si quiere impugnar la sanción.

¿Qué significará esto?

Que en la mayoría de los casos no habrá recurso y eso lo saben aquellos poderes fácticos que han presionado al Gobierno para que mutile al TAD y deje desamparados a los agentes deportivos.

¿Para qué?

Para que las decisiones de las federaciones sean definitivas en la gran mayoría de las ocasiones (pocos optarán por gastarse dinero en pleitos), restaurando así un sistema feudal que sufrimos en España durante la dictadura de Franco (lamento la coincidencia), hasta que llegó la Ley de 1980.

Tanto si el afectado impugna la sanción ante la justicia ordinaria, como si acude a un tribunal arbitral, los clubes y deportistas tendrán que pasar por caja y, además, en el segundo de los cauces (el arbitral) sin las garantías que ofrece un tribunal público como el TAD, y sin la posibilidad de acudir posteriormente a la justicia ordinaria.

A diferencia de las resoluciones del TAD, que son recurribles ante los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo, las resoluciones (laudos) de los tribunales arbitrales privados, además de ser costosas, no garantizan la independencia de quienes las dictan ni son recurribles ante la justicia, salvo en casos muy tasados que tienen que ver con la limpieza del proceso, pero no sobre el fondo del asunto.

Es decir, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, el mismo que dice presumir de preocuparse por los más desfavorecidos, ha decidido demoler un sistema público, garantista y gratuito de justicia deportiva, y facilitar que sea reemplazado por una alternativa de pago, sea la justicia ordinaria (colapsada y lenta) o un tribunal arbitral privado, con el agravante, en este último caso, de que es voluntario y de que no ofrece las garantías de imparcialidad de uno público.

Salvo un milagro, que no puede ser otro que el Gobierno pierda el apoyo de Unidas Podemos en el Parlamento en este proyecto (únicos que podrían replantearse el asunto), el proyecto saldrá adelante y, a partir de su conversión en Ley, los clubes y deportistas tendrán que gastarse el dinero si quieren defenderse de un atropello federativo, pues ya no podrán acudir al TAD.

El PSOE da por seguro el apoyo de los vascos y catalanes porque ya ha cedido a sus reivindicaciones. Al PNV le concedió la eliminación del requisito de conversión en SAD para competir a nivel profesional (Amorebieta), y a los catalanes la eliminación del aval del 15% del presupuesto, que hasta ahora se exige a los directivos de los clubes no SAD. Y finalmente, como concesión a unos y otros, en las últimas enmiendas el PSOE admitió que los directivos de los citados clubes (fundamentalmente Barça y Athletic, Laporta y Elizegi) puedan cancelar los avales anteriores ya depositados, ahí es nada.

Por tanto, al PSOE sólo le falta amarrar el voto de Unidas Podemos y para eso también tiene un plan: desbloquear la ‘Ley Trans’, que ya le costó el puesto a la vicepresidenta Carmen Calvo. Tras la salida de Calvo de la vicepresidencia (y del anterior ministro de justicia, por cierto), Sánchez hizo saber a Unidas Podemos que está dispuesto a hacer más concesiones pero dentro de un marco global. Y en ese marco global de negociación está, entre otros temas de mayor calado incluso, la Ley del Deporte.

FUENTE: IUSPORT

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